En medio de una creciente crisis de seguridad, la provincia de Pataz ha iniciado este jueves un paro indefinido para exigir atención del Gobierno frente a la ola de violencia ligada a la minería ilegal. La decisión fue tomada tras el asesinato de 13 mineros formales en un socavón de la zona, crimen que ha conmocionado al país.
El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, confirmó que la medida busca presionar al Ejecutivo para que cumpla compromisos asumidos previamente, como la construcción de una carretera y un hospital, proyectos que han quedado en promesas. “No hay presencia efectiva del Estado. Mientras tanto, las mafias siguen avanzando”, declaró el alcalde.
La protesta, respaldada por ronderos, organizaciones civiles y familiares de las víctimas, incluye marchas, bloqueos y una caminata programada desde Tayabamba hasta Lima. El objetivo: visibilizar el abandono estatal y demandar soluciones reales frente a la minería ilegal que, según los pobladores, ha tomado el control de varios sectores de la provincia.
Hasta el momento, no se ha producido un pronunciamiento oficial de la presidenta Dina Boluarte, quien tiene previsto reunirse con autoridades locales. Sin embargo, los líderes comunales insisten en que el encuentro no debe limitarse a promesas, sino concretar acciones inmediatas y sostenidas.
La situación en Pataz pone nuevamente en evidencia la profunda brecha entre el Gobierno central y las regiones más alejadas del país, donde la violencia crece ante la indiferencia institucional.
Fuente: Infobae